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En el presente caso la recurrente solicita protección internacional la cual le es denegada, esta interpone recurso de reposición y posteriormente interpone recurso contencioso administrativo. En su escrito de recurso solicita medidas cautelares consistentes en la suspensión de la orden de salida obligatoria de territorio nacional y la declaración del derecho de mantener el derecho de residencia en España con autorización de residencia y trabajo. La Sala de lo Contencioso Administrativo deniega la medida cautelar por entender que dicha ejecución vaya a producirse de forma inmediata y por no haberse solicitado permiso de residencia o intentado legalizar su situación en España.

Contra dicho auto se presenta recurso de casación en el que la parte recurrente alega entre otros motivos que la denegación del derecho de asilo lleva inherente la pérdida del derecho de permanecer en nuestro país, pues la resolución supone el retorno, la devolución, la expulsión, la salida obligatoria del territorio español, por ello resulta tan relevante la concesión de la autorización de residencia y trabajo apoyándose en lo referenciado en el art. 46.5 de la Directiva 2013/32/UE.

El abogado del estado se opuso al recurso alegando que el órgano judicial no tiene la obligación de conceder en fase de medidas cautelares, unas medidas de mantenimiento en territorio nacional y condiciones consecuentes de los solicitantes de asilo a las que está obligada la Administración actuante y la obligación del órgano judicial solo entraría en los supuestos del Art. 46.6 de la directiva aplicable.

El Tribunal Supremo termina dando la razón a la recurrente amparándose en el art. 46.5 de la Directiva reconociendo por tanto el Alto Tribunal que los solicitantes de protección internacional que se encuentren en vía de recurso, se les reconocerá el derecho a permanecer en España con el debido permiso de residencia y trabajo hasta que se resuelva dicho recurso por sentencia firme.

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