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El pasado mes de mayo de 2021 tuvo lugar una crisis diplomática entre España y el Reino de Marruecos en la que se produjo una entrada masiva e ilegal de personas, entre ellas, mil quinientos menores. Estos menores quedaron bajo la guarda de la administración autonómica de Ceuta durante un periodo de tres meses, en los que no consta que las autoridades realizaran expedientes individualizados de cada menor.

En el mes de agosto funcionarios marroquís y españoles se reúnen en la zona fronteriza y convinieron el retorno de los menores a Marruecos en base al Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en materia de prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su vuelta concertada de 6 de marzo de 2007.

A raíz de estos hechos, la asociación “coordinadora de Barrios para el seguimiento de Jóvenes y Menores” interpuso recurso contencioso administrativo por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales por entender que la devolución de los menores sin emprender procedimiento alguno era atentatoria contra los derechos fundamentales de los menores. El juzgado de Primera Instancia da la razón a la asociación entendiendo que no se han cumplido lo establecido en los art. 35 de la Ley Orgánica 4/2000 y el art. 191 y siguientes del RD 557/2011 en los que se prevén que el retorno de menores no acompañados en situación ilegal en España habrá de acordarse en procedimiento administrativo individualizado, recabando la información sobre la situación del afectado, oyéndolo si tiene madurez para ello y con intervención del Ministerio Fiscal. Contra esta sentencia el Abogado del Estado y el Letrado de la Comunidad autónoma de Ceuta interpusieron recurso de Apelación que se desestiman.

El Abogado del Estado y el Letrado de la Comunidad autónoma de Ceuta interpusieron recurso de casación haciendo hincapié en el carácter excepcionalmente grave de la avalancha humana que tuvo lugar, así como la extraordinaria dificultad de su gestión, por lo que entienden, es de aplicación el Acuerdo de 6 de marzo de 2007 ya que no es solo una norma internacional sino que también forma parte del Ordenamiento Jurídico español, además alegan que todos los menores que retornaron a Marruecos lo hicieron voluntariamente y no llegaron a sufrir ningún menoscabo real y efectivo en su integridad física y moral.

El Tribunal supremo termina por determinar que, si bien comprende perfectamente la gravedad de lo acaecido, ello no significa que la valoración de este episodio pueda ser la misma respecto del momento inicial que a su prolongación durante los tres meses, concluyendo que las autoridades españolas debieron aplicar lo establecido en los artículos 35 de la Ley Orgánica 4/2000 y arts. 191 y siguientes del RD 557/2011.

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